EE.UU. investiga remesas de Western Union

The Wall Street Journal

October 10, 2006 4:05 a.m.
Por Valerie Bauerlein y Joel Millman


Miles de transferencias de dinero gestionadas por Western Union, la popular compañía de envío de divisas, están siendo investigadas por el gobierno del estado de Arizona, Estados Unidos, como parte de un proyecto para bloquear los pagos a los traficantes de inmigrantes ilegales desde México.

Una investigación de cinco años ha dado como resultado cientos de deportaciones, docenas de cargos criminales contra supuestos traficantes, conocidos como coyotes, y US$17 millones en efectivo incautados a los contrabandistas.

A fines de septiembre, el fiscal general de Arizona, Terry Goddard, tomó medidas para bloquear las transferencias electrónicas a los traficantes, obteniendo órdenes judiciales para incautar todas las transferencias de dinero de al menos US$500 enviadas desde 29 estados de EE.UU. al estado mexicano de Sonora, que comparte frontera con Arizona.

Western Union protestó por los bloqueos, con el argumento de que Arizona no tiene autoridad legal para ordenar las incautaciones. Las transferencias de dinero entre México y EE.UU. son una parte importante del negocio de Western Union, y representan el 10% de sus transferencias.

La compañía asegura que no es técnicamente posible bloquear los envíos hechos a Sonora, ya que cualquier persona con la identificación correcta puede recoger una transferencia en una oficina de Western Union en cualquier parte de México.

Las órdenes sólo tuvieron vigencia durante tres días, antes de que Western Union obtuviera una suspensión temporal. Pero en ese lapso se incautaron unas 260 transacciones por casi US$500.000. De estas, alrededor del 20% fueron declaradas transacciones legítimas y fueron autorizadas; el resto quedó congelado. El 30 de octubre se celebrará una audiencia en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa para decidir si se reanudan las incautaciones.

En documentos presentados al tribunal, Western Union dice que la campaña de incautaciones supone una "amenaza de daños incalculables". La compañía dice que las medidas también perjudican a personas inocentes cuyo dinero se está reteniendo de manera indefinida. Western Union dice que ha cumplido plenamente todas las leyes estadounidenses y está colaborando con las autoridades que investigan a los coyotes.

La pesquisa también resalta que Western Union depende mucho de su red de 270.000 agentes independientes en 195 países, a los cuales se les paga por comisión y a menudo ofrecen el servicio de remesas como un atractivo más de sus tiendas o gasolineras. El año pasado, la compañía movió US$42.000 millones, convirtiéndose en el mayor participante del negocio global de las transferencias de dinero, que mueve US$250.000 millones al año.

Una investigación llevada a cabo en Arizona el año pasado descubrió que algunos agentes aceptaban sobornos, y más de la mitad de los que recibían giros usaban tarjetas de identificación falsas. El mes pasado, Western Union acordó pagar US$3 millones para poner fin a una investigación en Arizona que reveló fallas en los archivos y en las listas de agentes que habían aceptado documentos ilegibles.

Sin embargo, Western Union sostiene que Arizona no tiene base legal para restringir las transferencias de dinero a otros estados. La compañía dice que dedica 200 empleados y US$35 millones al año en sus esfuerzos de conformidad a las leyes. Los agentes federales la han elogiado por compartir información sobre transferencias de dinero al extranjero.