THE WALL STREET JOURNAL

La condena contra ex ejecutivos de Enron fortalece a los reguladores de EE.UU.

May 26, 2006 4:05 a.m.
Por Paul Davies y Kara Scannell

Un jurado condenó ayer a los dos ex máximos ejecutivos del conglomerado energético Enron Corp., Kenneth Lay y Jeffrey Skilling, por numerosos cargos de fraude y conspiración.

Los veredictos contra los ex ejecutivos de Enron marcan el final de una ofensiva para combatir una ola extraordinaria de irregularidades corporativas. Pero en lugar de marcar el fin de una era, las sentencias seguramente sólo envalentonarán al gobierno estadounidense en su lucha contra presuntos delitos en las empresas.

Desde que Enron Corp. se convirtiera en sinónimo de los excesos cometidos por los ejecutivos hace casi cinco años, las autoridades estadounidenses han obtenido condenas o declaraciones de culpabilidad por fraude y otros cargos contra cientos de altos ejecutivos y los legisladores han impuesto estrictas regulaciones. La respuesta del gobierno estadounidense a los escándalos corporativos, considerada draconiana por algunos, produjo una contraofensiva de parte de los defensores de las empresas.

Las condenas de ayer ayudarán a transformar el legado del auge de los mercados de los años 90. Inicialmente catalogada por los inversionistas como una época dorada en la que se produjo uno de los mayores mercados alcistas de la historia, los 90 podrían pasar a la historia como una década de codicia e irregularidades corporativas desenfrenadas.

Pero ahora, los defensores de utilizar tácticas agresivas para proteger a los accionistas tienen razón para sentirse motivados: su postura fue secundada por un jurado de 12 ciudadanos comunes y corrientes en un juicio histórico. "Nuestra legislación criminal se aplicará con igual fuerza contra ejecutivos y contra criminales callejeros", dijo el subfiscal general de Estados Unidos, Paul J. McNulty, después de que se anunciara la decisión."Este veredicto nos estimula... a continuar combatiendo la corrupción donde la encontramos", agregó.

El juicio contra Enron puede sentar las bases para futuras interpretaciones de la ley. En algunos juicios anteriores, los fiscales abrumaban a los jurados con evidencia. Los fiscales de Enron utilizaron una estrategia más simple. "Los fiscales han demostrado que saben cómo ganar casos y ahora tienen más herramientas", asegura Roman Darmer, un ex fiscal federal.

Las condenas contra Lay y Skilling "tal vez sean el fin de un caso que llegó a simbolizar la ola de escándalos corporativos, pero de ninguna manera es una señal del fin de los investigadores", dijo Arthur Jakoby, abogado defensor que trabajó para la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC).

El estallido de la burbuja bursátil en 2000 fue seguido por una racha de acusaciones de que los ejecutivos estaban usando trucos contables para mejorar artificialmente los resultados de las empresas. A medida que las compañías colapsaban, los inversionistas perdían grandes sumas de dinero y miles de empleados se quedaban sin empleo.

Enron, un gigante energético de Houston, fue una de las mayores empresas en colapsar, acogiéndose a la protección de las leyes de bancarrota a fines de 2001. El Departamento de Justicia de EE.UU. inició una investigación criminal en enero de 2002 que desembocó a las sentencias de ayer contra Skilling y Lay.

Ese mismo año el Congreso promulgó la ley Sarbanes-Oxley, que fortaleció el gobierno corporativo y las normas contables. En julio de 2002, el presidente George W. Bush creó un equipo encargado de fraudes empresariales. Desde entonces, el Departamento de Justicia dice que ha logrado más de 1.000 sentencias o declaraciones de culpabilidad por fraude corporativo.

Entre los condenados figura el fundador de Adelphia Communications Corp., John Rigas, sentenciado a 15 años de prisión; Dennis Kozlowski, ex presidente ejecutivo de Tyco International Ltd., a 25 años; y el ex presidente ejecutivo de WorldCom Inc., Bernard Ebbers, a 25 años. Estos fallos eran inimaginables durante los escándalos de negociaciones con información privilegiada e instituciones de ahorros y préstamos de los años 80.

Pero no todas las acusaciones han sido exitosas. El presidente ejecutivo de HealthSouth, Richard Scrushy, fue absuelto de los 36 cargos que enfrentaba, incluyendo una supuesta violación a ley Sarbanes-Oxley.

Gran parte de la contraofensiva hacia la campaña del gobierno contra las irregularidades corporativas se centra en preocupaciones de que la ley Sarbanes-Oxley impone requisitos costosos a expensas de asumir riesgos innovadores.

La provisión más polémica de la ley requiere que las compañías cuenten con auditores independientes para que evalúen controles internos destinados a prevenir irregularidades contables.