THE WALL STREET JOURNAL

Un tribunal para las Américas sigiloso, pero efectivo

January 23, 2006 4:05 a.m.
Por Bob Davis

Madres angustiadas buscan información sobre sus hijos desaparecidos. Líderes religiosos instan a sus fieles a exigir justicia económica. Un grupo de guerrilleros enmascarados lidera a campesinos en conflictos armados contra la policía. No faltan dramas en el tambaleante progreso de América Latina hacia la democracia y la inclusión social. Pero en Washington, los poco publicitados esfuerzos de la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos han estado sentando las bases para la transformación de la región.

La comisión, parte de la Organización de Estados Americanos, escucha casos presentados por quienes se consideran víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de gobiernos de todo el hemisferio y que creen que la Justicia les ha sido esquiva en sus países. Aunque sus decisiones no son legalmente vinculantes, tienen fuerza moral y son ampliamente aceptadas en Latinoamérica. Sus decisiones han ayudado a aliviar las tensiones resultantes de colapsos financieros, ayudado a la reconciliación nacional después de guerras civiles brutales y fortalecido la libertad de expresión en la región.

Las sesiones semestrales de la comisión resaltan las cambiantes dificultades de América Latina. En 2002, dominaba Argentina, con los reclamos de muchos ahorristas tras el colapso económico, quejándose esencialmente de que los bancos y el gobierno los habían despojado de su dinero. En la sesión del segundo semestre del año pasado, muchos venezolanos se quejaban de la censura mientras que los colombianos buscaban protección contra los escuadrones de la muerte derechistas. "Somos el último recurso para individuos cuyos derechos han sido violados y que no pueden encontrar alivio en sus propios sistemas", dice Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la comisión.

Creada en 1959, la comisión escucha casos de violaciones de derechos humanos ratificadas en casi todos los países de la región y hace recomendaciones a gobiernos sobre como resolver disputas. Con un presupuesto anual de US$6 millones —la mitad del cual es financiado por la OEA y la otra por EE.UU., la Unión Europea y otros países— la comisión tiene 40 funcionarios, 25 de ellos abogados. A medida que aumenta el volumen de trabajo, la comisión lucha para captar más recursos y ha alertado sobre el riesgo de que no pueda seguir realizando las sesiones semestralmente.

La influencia de la comisión ha ido creciendo de la mano de la democratización de la región. Cuando Argentina y Perú eran gobernados por militares, los investigadores de la comisión visitaron ambos países y contribuyeron a que centenares de personas hablaran abiertamente sobre sus historias de abuso. Luego, los dos países cambiaron sus legislaciones para que se ajustaran a las normas internacionales de derechos humanos.

Aunque los comisionados son elegidos por sus propios países, se espera que actúen independientemente. No pueden participar en casos que involucren a sus países de origen, lo que refuerza la credibilidad de la comisión.

Tal vez, el desafío más difícil de la comisión actualmente es la restauración de los derechos democráticos en Cuba. El gobierno de Fidel Castro fue expulsado de la OEA en 1962 tras presiones de EE.UU. durante el auge de la Guerra Fría. Desde entonces, la comisión ha producido siete informes sobre violaciones de derechos humanos en la isla, incluyendo el trato de prisioneros y disidentes, y está preparando otro este año. Cuba no coopera con las investigaciones y tampoco envía abogados a las audiencias. En su lugar, informa regularmente a la comisión que no reconoce su jurisdicción o autoridad moral.

Durante muchos años, pocos abogados presentaban reclamos contra Cuba y la comisión dudaba en contestar cartas de cubanos con quejas de abuso por temer que el gobierno las interceptara y castigara a los remitentes. Pero ahora que Castro se apresta a cumplir 80 años y aumenta la posibilidad de cambios en el gobierno, esas preocupaciones empiezan a atenuarse.
Varios abogados cubano-estadounidenses vienen presentando demandas para pedir desde la liberación de decenas de disidentes encarcelados a la investigación de ejecuciones en Cuba.