EL UNIVERSAL
Una ley para campañas

Eduardo Cruz Vázquez

A pesar del regocijo con que algunos le mantienen en el umbral de lo sagrado, la discusión sobre la transformación de las instituciones culturales y, con ello, de las políticas culturales, debe evitar al fin, la intolerancia.

Las posiciones generadas por la iniciativa de Ley de Fomento y Difusión de la Cultura, si bien muchas son comprensivas, otras no convocan al diálogo que debería suponer el deseo de una medida de esa magnitud.

Hay errores, y muchos, en esta intentona prometida desde los tiempos de la campaña foxista, y que no es otra cosa que una mala herencia de las administraciones salinista y zedillista.
Sin embargo, hay aciertos inacabados en la propuesta. Estos se antojan como banderas de cualquiera de los candidatos a la Presidencia, como en su momento, para los que integren la nueva administración y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, entre otras instancias que inciden en el campo cultural.

De esta manera, en su derecho el Conaculta induce al Ejecutivo a ejercer sus facultades ante el Congreso de la Unión. No debe haber sobresaltos, pues se supone que ahí reside la soberanía de la nación. Además, suficientes foros y consultas ha habido en por lo menos ¡17 años! de era conacultiana.

Ahí radica una de las inconsistencias: mire con lo que sale después de tanto tiempo. Diremos, con afán de alimentar la discusión, que la ley es atenuante del decreto salinista, y que pone en letras lo que mucho se hace desde ese entonces. Esto evoca con justicia, de ser aprobada la reglamentación, un acto heroico del gobierno del "cambio".

Más allá de las imprecisiones del recorrido histórico (amarrado a la institucionalidad más que a las políticas públicas), están los instrumentos que se quieren legalizar. Entre los positivos, la eterna demanda de coordinación de toda la administración pública federal dedicada a cultura. Aquí lo malo es que no se establecen los criterios que puedan hacerla efectiva de una vez y por todas.

Otro, la Reunión Nacional de Cultura, como espacio para la coordinación y planeación en el país. Esta práctica recurrente desde que tengo memoria, no podrá arrojar resultados sin desconcentración de facultades y recursos, cosa que la ley no refiere.

El Sistema de Información Cultural Nacional, herencia noble también del pasado, ha recibido sin duda un gran impulso en esta gestión. Darle estatus, no se puede reprochar.

Sin embargo, suena improcedente que deba "dar transparencia a los procedimientos, asignación y evaluación de los apoyos, estímulos y facilidades administrativas que se otorguen para el fomento y difusión de la cultura, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental".

Es decir, o es un área de estudios culturales o una suerte de contraloría, de bloque intermedio que, por lo demás, no se sabe si cuenta con el aval del instituto de referencia.

Grave es la propuesta de que cada dependencia favorezca los denominados mecanismos de participación social (ciudadanización). No se trata de negar la "horizontalidad", de evitar la "discrecionalidad" en el diseño de proyectos, sino cómo garantizar que sea efectiva dicha colaboración "honoraria". Esto se constituye en una herramienta que puede generar numerosos conflictos, precisamente por la discrecionalidad.

Por otra parte, es poco afortunada la definición de industrias culturales, la cual seguramente hace palidecer a George Yúdice o Germán Rey. Lo nuestro son en su mayoría empresas muy lejanas a los manejos de la propiedad intelectual o la producción masiva. Además, no se define cómo operarán los estímulos económicos, en qué orden, por qué. Esto suena a la retórica por un reino en extinción.

Respecto de la transformación del Fonca en fideicomiso, queda prácticamente inutilizada por la falta de un verdadero sistema legal de participación del sector privado en la cultura, eso que demanda Carlos Slim y los 299 firmantes del Acuerdo de Adhesión de Chapultepec. Hay quienes le llaman a la solución Ley de Mecenazgo e incluso se piensa en el caso de Brasil.

Sin un redimensionamiento de la legalidad tributaria y de la Responsabilidad Social Empresarial, no sólo el Fideicomiso del Fonca no rendirá los frutos anhelados, tampoco los "Fondos Institucionales para el Fomento y Difusión de la Cultura", que por todo el país se propone poner en marcha y que lo hacen a uno pensar en su contradicción con los ya existentes.

Para finalizar este breve recorrido que invitamos a enriquecer, está la desafortunada ponderación sobre el papel de los medios de comunicación públicos. Dos artículos signan su futuro: seguir igual.

Se advierten otras ausencias, salvo se exagere en los detalles: consignar el cómo se designa al titular del Conaculta y sus facultades; la enumeración de las dependencias que le integran, en todos los órdenes; la solvencia jurídica del Programa de Cultura frente al Plan Nacional de Desarrollo.

Hay, pues, la necesidad de más diálogo. Aprobar la ley, puede llegar a entorpecer el futuro del redimensionamiento del sector. Derrumbar el umbral de lo sagrado implica decisiones políticas, legales, sindicales y económicas: cirugía mayor, no curitas. Somos mayoría los que así pensamos.

Nos falta un liderazgo para echarlas a andar.